El Ajuntament de Palma ha iniciado el procedimiento de recuperación posesoria de la antigua prisión de Palma con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que residen de manera irregular en el interior del inmueble y garantizar la seguridad. Esta decisión se ha tomado debido al incremento de incidentes y conflictividad detectada en el recinto, que ha generado situaciones de riesgo tanto para los ocupantes como para el entorno.
El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha anunciado que se establecerán controles de acceso desde este miércoles para identificar a todas las personas que ocupan el inmueble y elaborar un nuevo censo. Además, el viernes se celebrará una Junta de Govern extraordinaria para acordar el desalojo del lugar e iniciar la notificación a los ocupantes.
El Ayuntamiento de Palma ha detectado un aumento de la conflictividad en la antigua prisión, con incidentes como incendios que han obligado a rescatar a personas. Ante esta situación, se han tomado medidas firmes dentro del marco legal vigente, incluyendo la identificación de los ocupantes, el inicio del expediente de recuperación posesoria y la convocatoria de una Junta Local de Seguridad.
Además, se solicitará la colaboración de otras instituciones y entidades para ofrecer soluciones habitacionales provisionales y urgentes a las personas afectadas que se encuentran en situación irregular. El Ayuntamiento coordinará diversas áreas municipales para llevar a cabo el desalojo, la limpieza y la posterior demolición del inmueble, con el objetivo de construir una rotonda y un nuevo vial.
En los últimos meses, se ha observado un cambio en el perfil de las personas que ocupan la antigua prisión, con la presencia de grupos que han incrementado la conflictividad en el lugar y su entorno. Esta situación ha motivado la actuación del Ayuntamiento para proteger a los ocupantes irregulares y preservar la seguridad en la zona, garantizando un entorno seguro para todos los ciudadanos.
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