Una comisión judicial llevó a cabo este jueves el desahucio de una madre y su hijo menor de edad que residían en una de las infraviviendas de la calle Joan Miró en Palma. Estas viviendas son propiedad de un agente de la policía local que fue sancionado por el Govern por alquilarlas.
Según el portavoz de Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura, el desahucio comenzó temprano por la mañana con la llegada de las primeras patrullas policiales al lugar. La comisión judicial, que llegó más tarde, incluía a un agente que previamente había sido sancionado y que, según Segura, se burlaba de los afectados.
Tras un tiempo de tensión, la madre se desmayó y tuvo que ser atendida por servicios sanitarios en la habitación que compartía con su hijo. Aprovechando esta situación, los policías llevaron a los activistas y al menor fuera de la vivienda, facilitando así la ejecución del desahucio, que se completó al mediodía. Posteriormente, los obreros contratados por el agente de policía destrozaron la habitación y la tapiaron para evitar que fuera ocupada nuevamente.
Posteriormente, los afectados fueron trasladados a las oficinas de servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, donde se les ofreció la opción de alojarse temporalmente en un hostal. Sin embargo, la madre rechazó esta oferta al no poder llevar consigo a su perro, que requiere cuidados especiales.
Stop Desahucios está trabajando para encontrar una alternativa habitacional para la familia. En las infraviviendas de Joan Miró residen familias migrantes y personas en situación de vulnerabilidad. Algunos de ellos han enfrentado amenazas de desahucio por parte del agente de policía propietario de las viviendas, quien fue sancionado con una multa de dos millones de euros por el Govern.
Los activistas exigen la suspensión de los desahucios, la reconexión de los suministros de agua y luz, y la expropiación de las viviendas. La situación destaca la problemática de la vivienda en Palma y la necesidad de encontrar soluciones para las personas afectadas por desahucios en la ciudad.
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