El Consejo de Gobierno formalizó el viernes la ampliación de la gratuidad del transporte público, aunque lo hizo reclamando que las ayudas estatales se ajusten al coste real y alegando que el propio Gobierno, presidido por Marga Prohens, garantiza la gratuidad del transporte porque es el que en realidad moviliza la mayoría de los recursos.
La prórroga, que afecta a los medios de transporte de competencia autonómica (tren, metro y autobús interurbano en Mallorca) para el año 2025, se produce junto con el real decreto ley que prevé ayudas estatales para complementar la bonificación en el precio de los abonos y billetes multiviaje para el transporte terrestre colectivo.
Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha explicado que, con el acuerdo del Consejo de Gobierno, la rebaja del 100% del precio actualmente vigente con la Tarjeta continuará a partir del 1 de enero de este año en el autobús regular TIB , la red de tren y metro de Mallorca, por lo que en este caso todos los precios son de cero euros durante 2025 y la gratuidad está garantizada por tercer año consecutivo, como ya ocurría aplicado en los años 2024 y 2023.
El Gobierno defiende, sin embargo, que las ayudas estatales, previstas por el Real Decreto Ley 9/2024 sin establecer cuantía, deben adaptarse para cubrir el coste real del tratamiento gratuito durante todo el año.
Esta propuesta, recordó Costa, fue trasladada por el Ministerio de Vivienda, Territorio y Movilidad al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, teniendo en cuenta que la cantidad de 43 millones de euros anuales establecida para los años 2023 y 2024 era insuficiente y que las administraciones regionales asumieron la mayor parte de la financiación gratuita con cargo a sus propios fondos.
En este sentido, en lo que respecta al transporte público regional, en los últimos 12 meses el Gobierno ha asumido el 80 por ciento del coste del transporte gratuito en estos medios (autobús, tren y metro Mallorca), lo que supone un total de 54,3 millones, entre los incrementos concedidos a diversos colectivos financiados por la Comunidad Autónoma y el déficit procedente de la aportación estatal durante este periodo.
Por ello, insistió el portavoz, el Gobierno pide al Ministerio que asuma con su aportación el coste real de la parte correspondiente para completar el transporte gratuito.
El Gobierno, a través del Departamento de Vivienda, Suelo y Movilidad, también ha elevado una consulta al Ministerio para garantizar que las ayudas estatales se ajustan al coste real.