El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha requerido a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid que establezcan con urgencia el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto. Se les ha otorgado un plazo de tres meses para cumplir con esta solicitud.
Según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, en caso de que los presidentes no cumplan con este requerimiento en el plazo establecido, se activarán los mecanismos legales necesarios para garantizar su implementación.
La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece la obligatoriedad, a partir de 2023, para todas las comunidades autónomas de contar con un registro de objetores. Este instrumento fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024.
La ausencia de este registro dificulta el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. Es fundamental que el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales no se convierta en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca asegurar que todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, con total garantía de seguridad, autonomía y libertad.
FUENTE