El pleno del Parlament ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la depuración de responsabilidades políticas y administrativas por los fallos detectados en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato para monitorizar casos de violencia machista.
Esta exigencia se dio en el marco de una proposición no de ley defendida por la diputada del PP Maria de Lluc Fornás, la cual recibió el apoyo de su partido y de Vox, pero fue rechazada por la izquierda. Entre otros puntos, se solicitó al Ministerio de Igualdad aclarar la pérdida de datos del sistema telemático de órdenes de alejamiento y tomar medidas para garantizar la continuidad y seguridad del sistema VioGén.
Además, se instó al Ministerio de Justicia a crear un Juzgado de Violencia contra la Mujer en Menorca. La diputada Fornás criticó la falta de soluciones por parte del Gobierno, denunciando la incompetencia política y exigiendo la dimisión de la ministra por negligencia e inacción.
Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, apoyó la exigencia de dimisión, aunque rechazó la creación de un nuevo juzgado en Menorca. En contraste, la diputada socialista Irantu Fernández acusó al PP de presentar la iniciativa por motivos políticos, mientras que la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, propuso que el contrato de las pulseras antimaltrato pase a ser un servicio público.
En resumen, el Parlament ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad y la depuración de responsabilidades por los fallos en las pulseras antimaltrato, evidenciando la preocupación por la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y la necesidad de transparencia en este ámbito.
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