El martes, el parlamento validó la ley del decreto de medidas urgentes para la protección de los humanos y el entorno natural en las islas Baleares en relación con las granjas intensivas de aves, procesándola como un proyecto de ley.
El decreto, aprobado por el gobierno tras archivar el Proyecto Sineu Macrogranja, recibió los votos favorables del PP y los Més en Mallorca. Por otro lado, Vox y PSIB votaron en contra, mientras que Unidas Podemos y Més en Menorca se abstuvieron.
VOX y PSIB solicitaron el procesamiento del decreto como un proyecto de ley, recibiendo votos a favor de todos los grupos excepto el PP, que votó en contra.
Las regulaciones prohíben las macrogranjas de aves con más de 160,000 pollitos y establecen límites basados en la distancia de las granjas a núcleos urbanos, permitiendo un máximo de 160,000 aves a menos de seis kilómetros de áreas residenciales.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente Natural, Joan Simonet, criticó la politización del tema, destacando la importancia técnica del decreto para regular las dimensiones y distancias de las granjas intensivas de aves.
El diputado de Més para Mallorca, Ferran Rosa, señaló que el decreto no resuelve por completo el problema de las macrogranjas, pero contribuye a abordar una parte del mismo.
El diputado del PP, Pedro Álvarez, destacó que la ley del decreto responde a una demanda concreta en el momento adecuado, garantizando la supervivencia de la agricultura en la región.
Álvarez agradeció la actitud constructiva de Més en Mallorca y criticó la posición de los socialistas, describiendo dos enfoques opuestos en la izquierda mallorquina.
Los grupos parlamentarios de VOX y PSIB votaron en contra del decreto por considerarlo débil y por contradecir los principios de simplificación administrativa, respectivamente.
El adjunto de Unidas Podemos, Cristina Gómez, abogó por establecer una moratoria de dos años para todas las granjas intensivas en las islas Baleares, mostrando su oposición al macrogranja.