El PP y Vox han alcanzado un acuerdo para extender el decreto de proyectos residenciales estratégicos a áreas de transición de los municipios de más de 20.000 habitantes y dar un año para adherirse a las medidas o presentar proyectos.
El portavoz del PP en Parlament, Sebastià Sagreras, ha avanzado, en una rueda de prensa, que los ‘populares’ darán apoyo a las enmiendas que presente Vox durante la tramitación del decreto como proyecto de Ley de Vivienda, con la que pretenden solventar el problema de acceso a la vivienda «heredado» de anteriores legislaturas.
De este modo, el decreto convalidado por el Parlament se podrá aplicar a estas áreas de las localidades más pobladas de Baleares, siempre que los ayuntamientos lo aprueben en los plenos municipales.
Así, todas las viviendas que se construyan en estas zonas transitorias tendrán algún tipo de protección, ya sea como viviendas de protección oficial (VPO) o como viviendas a precio limitado. El coste de estos inmuebles, de entre 60 y 90 metros cuadrados, rondaría los 210.000 y los 285.000 euros, según los cálculos del PP.
Sagreras ha puntualizado que solo si hay un informe de viabilidad económica que lo justifique, se permitirá que un máximo del 25 por ciento de las viviendas se comercialicen a precio libre y el resto tendrán que estar limitadas.