El abogado mercantilista Jorge Sainz de Baranda, considerado mano derecha del empresario Matthias Kühn, ha negado los hechos que se le atribuyen en la causa abierta por alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible. En el marco de la investigación sobre un supuesto fraude a Hacienda de más de 11 millones de euros, Sainz de Baranda prestó declaración durante aproximadamente una hora y media, defendiendo que su actividad como asesor legal de Kühn siempre ha estado ajustada a la legalidad.
En el transcurso de la investigación, otros seis investigados, incluidos supuestos testaferros, pasaron por las dependencias judiciales, con tres de ellos optando por no declarar y abandonando rápidamente los juzgados. Por su parte, el empresario Matthias Kühn se acogió a su derecho a no declarar, al igual que sus hijos, en el marco de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.
Kühn y los demás investigados enfrentan acusaciones relacionadas con la recalificación de Muleta II, que resultó en una indemnización de 96 millones de euros por la desclasificación de unos terrenos. El empresario ha justificado su silencio argumentando que ha aportado numerosos escritos procesales con documentación que cuestiona la imparcialidad de la investigación de la Agencia Tributaria.
En cuanto al supuesto fraude fiscal, Kühn sostiene que las deudas de las sociedades del grupo en concurso de acreedores no le afectan personalmente, y niega haber intentado ocultar la indemnización de Muleta a la Agencia Tributaria. Además, afirma que la venta de participaciones de Birdie Son Vida, la sociedad acreedora de la indemnización, fue autorizada judicialmente.
Kühn ha mantenido que nunca ocultó su condición de titular de las sociedades de su grupo, presentando documentación que respalda esta afirmación. Sin embargo, denuncia que Hacienda ha estado ocultando información relevante al juzgado y manipulando el procedimiento con fines recaudatorios.
En resumen, el caso se centra en presuntos delitos relacionados con alzamiento de bienes e insolvencia punible, con varios investigados, incluido el abogado Sainz de Baranda y el empresario Matthias Kühn, enfrentando acusaciones en torno a una indemnización millonaria y a la gestión de sus sociedades en medio de procedimientos judiciales y fiscales.
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