Las empresas concesionarias del TIB han presentado una nueva propuesta a los sindicatos este miércoles con el objetivo de evitar la huelga. Los paros están programados para los días 18, 21 y 23 de julio, y a partir del 15 de julio, habrá una huelga indefinida.
La Federación Empresarial de Transportes (FEBT) ha destacado que las empresas buscan alcanzar un acuerdo justo y viable que mantenga el servicio para la ciudadanía y respete las condiciones económicas del sector.
El Sindicato Autónomo de Transportes de Baleares (SATI) presentó una propuesta el martes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib), donde este miércoles se reunieron nuevamente los representantes para discutir la propuesta de las empresas.
La nueva propuesta de las empresas del sector de transporte regular de viajeros, según la FEBT, incluye mejoras concretas y alcanzables que reflejan su compromiso con el diálogo y su intención de llegar a un acuerdo equilibrado.
Desde el inicio de las negociaciones del convenio colectivo, han mantenido una actitud constructiva, reconociendo la importancia de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y cuidando la sostenibilidad de las empresas concesionarias.
En concreto, la propuesta de las empresas contempla un aumento salarial del 3% en 2025, y en 2026, una subida equivalente al IPC más un 0,5%; la inclusión de un plus funcional de 80 euros mensuales para el personal administrativo y de 150 euros para jefes de tráfico y personal de taller; así como una mejora en las condiciones de vacaciones, con 22 días laborables en 2025 y 23 días en 2026.
Además, se propone una ayuda específica para facilitar la incorporación de conductores en Ibiza, ofreciendo 400 euros mensuales durante el primer año a conductores empadronados fuera de la isla en los últimos tres años que firmen un contrato con centro de trabajo en Ibiza.
Las empresas consideran que esta propuesta brinda mejoras significativas para los trabajadores sin comprometer la viabilidad de las concesiones.
Por otro lado, las demandas sindicales, en su opinión, implicarían un impacto económico muy elevado concentrado en un solo año, que excede los márgenes permitidos por los contratos de gestión del transporte público.
Desde el sector empresarial han destacado que cualquier empresa en el mercado libre tendría dificultades para asumir estos costes adicionales, especialmente porque las tarifas están reguladas y no se pueden trasladar estos aumentos a los usuarios.
Por ello, han subrayado la necesidad de avanzar hacia un acuerdo realista y progresivo que garantice la estabilidad del sector, el servicio a la ciudadanía y la dignificación de la profesión dentro de las posibilidades económicas.