Un total de 736 personas han fallecido en Baleares hasta septiembre mientras esperaban una resolución sobre su grado de dependencia o su programa individual de atención, según datos del Observatorio Estatal para la Dependencia. Este trágico suceso refleja la cruda realidad de un sistema que deja a miles de personas en espera de atención, con consecuencias fatales.
En el conjunto de España, 284.020 personas se encontraban a la espera de un procedimiento durante los primeros nueve meses del año, destacando que 150.606 de ellas tenían reconocido el derecho a recibir atención, cifra que aumentó en 8.140 desde el inicio de 2025. Lamentablemente, 25.060 personas perdieron la vida mientras esperaban la resolución de su grado de dependencia o de su PIA, siendo Cataluña y Andalucía las regiones más afectadas, con Baleares registrando 736 fallecimientos.
En Baleares, se ha observado un incremento del 4,6% en el número de personas con derecho a prestación, aunque este porcentaje queda por debajo de comunidades como Canarias (22,8%) o Galicia (14%), así como de la media nacional (5,5%). Actualmente, 7.017 personas se encuentran en lista de espera en Baleares, con un preocupante 14,1% que estarían «desatendidas». Entre finales de 2024 y septiembre de 2025, la lista de espera ha aumentado en un 18,1%.
El tiempo medio de dilación en Baleares es de 223 días, por debajo de la media nacional de 349 días, pero lejos de regiones como Castilla y León (113 días) o el País Vasco (130 días). La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha señalado que los «impresentables retrasos» se deben a los recortes y a la complejidad burocrática del sistema, que se convierte en una trampa mortal para muchos ciudadanos que necesitan atención.
A pesar de los esfuerzos realizados en un plan de choque para reducir las listas de espera, la inversión insuficiente en 2024 y 2025 ha impedido alcanzar los objetivos esperados. Mientras que el Gobierno central redujo su financiación de la dependencia al 27% el año pasado, Baleares fue la tercera comunidad autónoma que más aportó, con un 80,6%.
La dilación en los procedimientos ha llevado a que muchas personas fallezcan sin recibir las prestaciones o servicios a los que tenían derecho, lo que evidencia una crisis en el sistema de atención a la dependencia que debe abordarse de manera urgente. La falta de agilidad y eficiencia en la gestión de estos casos tiene consecuencias devastadoras para las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
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