La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha contactado con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, para mantener una reunión en medio de la crisis migratoria que afecta a Baleares.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha criticado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por negar al archipiélago la posibilidad de entrar en situación de contingencia migratoria antes de que la solicitud fuera presentada formalmente. Prohens expresó su descontento durante una rueda de prensa posterior a una reunión con los principales cargos del partido, donde señaló que Rodríguez había rechazado la posibilidad sin conocer los argumentos ni los datos presentados.
Prohens también cuestionó la decisión del Gobierno de declarar emergencia migratoria en las Islas para levantar infraestructuras modulares en puertos, destinadas a atender a los migrantes que llegan en pateras, mientras que no se reconoce la misma «emergencia social» en el caso de los menores migrantes. La presidenta del Govern lamentó la falta de recursos y protección para estos menores, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
En cuanto a los contactos con el Gobierno central, Prohens informó que aún no ha recibido respuesta a las peticiones realizadas en relación con la crisis migratoria. Sin embargo, destacó que la consellera Fernández se ha comunicado con el secretario de Estado de Juventud e Infancia para abordar el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Rubén Pérez, en una entrevista, manifestó su disposición a reunirse con el Ejecutivo autonómico y aseguró que el número de menores que Baleares deberá acoger será significativamente inferior a lo inicialmente planteado.
La situación migratoria en Baleares sigue siendo un tema de gran relevancia y preocupación, especialmente en lo que respecta a la protección de los menores migrantes. La falta de recursos y la sobreocupación en los centros de acogida son desafíos urgentes que requieren una respuesta inmediata y coordinada entre las autoridades locales y el Gobierno central.
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