Los colectivos Arran, Menys Turisme Més Vida, Organización Juvenil Socialista (OJS) y Sindicat Habitatge de Palma han acusado al Ayuntamiento de Palma de eludir sus responsabilidades en relación a la antigua prisión, trasladando la carga a otras entidades como la Iglesia o el Ejército. En una rueda de prensa conjunta, estos grupos han denunciado la crisis de vivienda en Mallorca, agravada por la turistificación, que dificulta el acceso a viviendas para la clase trabajadora y criminaliza la pobreza y la migración.
Más allá de las 200 personas que podrían ser desalojadas de la antigua prisión, se mencionan los 245 desahucios ejecutados en Palma solo en el segundo trimestre de 2025, así como la situación de quienes viven en caravanas o en el proyecto inmobiliario de Son Bordoy. Se destaca que desde hace más de una década personas trabajadoras residen en la prisión debido a la imposibilidad de acceder a viviendas con sus sueldos.
Se mencionan los intentos anteriores de desalojo, con el último en enero de 2025 que incluyó un dispositivo policial. Respecto a los incendios recientes utilizados como justificación para el desalojo, se afirma que fueron provocados desde fuera y no por las personas del interior.
Se critica la falta de alternativas habitacionales efectivas por parte de los servicios sociales de Palma, señalando la saturación de los mismos y la presencia de problemas en otros centros de asistencia. Los colectivos acusan al Ayuntamiento de querer eludir su responsabilidad, trasladando el problema a instituciones como el Ejército o el Obispado.
Se compara la situación de la antigua prisión con desalojos anteriores en Badalona e Ibiza, señalando la incapacidad de los ayuntamientos e instituciones de izquierda para abordar la problemática. Se destaca que la crisis de vivienda afecta a toda la clase trabajadora y se critica la criminalización de los moradores de la prisión, así como la presencia policial militarizada en la zona.
En conclusión, se insta a abordar la crisis de vivienda como un problema sistémico que necesita soluciones estructurales, alejadas de la visión de la vivienda como un negocio y enfocadas en servir a la clase trabajadora.
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