La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha recibido con agrado la noticia de que se destinarán 350 millones de euros para cubrir parte de las subvenciones a residentes adelantadas por las compañías aéreas en 2025. Sin embargo, aún quedan pendientes al menos 300 millones adicionales por abonar para cubrir las subvenciones a residentes en los vuelos que conectan la península con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, así como el interior de las islas.
Según ALA, si estos 300 millones adicionales no se abonan pronto, se podría ver afectada la actividad de las aerolíneas y la conectividad aérea de las regiones mencionadas, lo que tendría un impacto negativo en la movilidad, la economía y el empleo de dichas zonas.
El presidente de ALA, Javier Gándara, ha expresado su preocupación por la situación, señalando que los presupuestos generales están infradotados y superados por la demanda real de los residentes de estas regiones. Además, ha destacado que el coste estimado de las subvenciones a residentes en 2025 es de al menos 1.200 millones de euros, mientras que los Presupuestos Generales del Estado cuentan con 560 millones. Con la reciente ampliación de crédito de 350 millones aprobada por el Gobierno, aún quedarían al menos 300 millones pendientes de pago.
Esta falta de financiación para las subvenciones de residentes no es un problema nuevo, ya que se arrastra desde 2024, cuando las aerolíneas cerraron el ejercicio con una deuda de más de 800 millones por este concepto. Si no se abonan los 300 millones adeudados y se trasladan a 2026, podríamos enfrentar un problema similar al de 2024, según ALA.
En este sentido, las aerolíneas actúan como intermediarios en la ejecución del programa de subvenciones, aplicando el porcentaje establecido legalmente en el momento de la adquisición del billete subvencionado y liquidando posteriormente ante la Administración.
En resumen, la falta de financiación para las subvenciones a residentes en el ámbito aéreo está generando preocupación en el sector, con consecuencias potenciales para la conectividad y la economía de las regiones afectadas. La necesidad de abonar los 300 millones pendientes es crucial para evitar un impacto negativo en el futuro cercano.
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