El Ajuntament de Palma avanza en el proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión de la ciudad después de desestimar las 45 alegaciones presentadas por las personas que ocupan el recinto. Esta decisión, tomada en el marco del proceso iniciado el pasado mes de febrero debido a la ocupación ilegal del lugar, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de las personas y recuperar el uso de un espacio de titularidad pública.
Las alegaciones, todas de contenido idéntico, fueron rechazadas después de constatar que se habían ofrecido diversas vías de atención social y alternativas a través de los recursos públicos existentes a las personas afectadas. Además, se fundamentaron en el grave deterioro de las instalaciones, que presentan condiciones de insalubridad y riesgo para la seguridad, según informes técnicos de Policía Local, Bomberos y el área de Sanidad.
Tras la resolución de las alegaciones, se ha aprobado el inicio inmediato de la fase de notificación a las personas que ocupan el inmueble, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para abandonarlo voluntariamente. En caso de no ser posible la notificación personal, se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abriéndose igualmente un plazo de cinco días hábiles a partir de dicha publicación.
Una vez finalizado este periodo, el Consistorio solicitará la autorización judicial correspondiente para proceder al desalojo, siguiendo los plazos determinados por la autoridad competente. Paralelamente, desde el área de Servicios Sociales se ha mantenido una intervención y seguimiento continuo con las personas identificadas, ofreciendo atención individualizada, información, acompañamiento y derivaciones a los recursos especializados en función de cada situación.
Este miércoles se inicia el proceso de notificación a los ocupantes del inmueble, marcando así un paso más en el camino hacia la recuperación de la antigua cárcel de Palma y la posterior construcción de viviendas dotacionales en el lugar.
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