El Ayuntamiento de Palma ha iniciado el proceso de desalojo de las 206 personas que actualmente residen en la antigua prisión de la ciudad. Tras una Junta de Gobierno extraordinaria, se ha establecido un plazo de cinco días para que los ocupantes presenten sus alegaciones antes de proceder con el desalojo en un máximo de cuatro días.
Según un censo realizado recientemente, se ha determinado que la mayoría de los residentes son hombres jóvenes, con una media de edad de 33 años. La mayoría de ellos son de nacionalidad argelina o marroquí, seguidos por españoles y colombianos. Se estima que el 65% de los residentes se encuentran en situación administrativa irregular.
El Ayuntamiento ha activado un dispositivo social en coordinación con diversas entidades para identificar recursos disponibles y ofrecer alternativas de atención a los residentes. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los residentes ha aceptado la ayuda ofrecida.
El alcalde de Palma ha solicitado a la Delegación del Gobierno información sobre posibles actividades ilícitas en la prisión y ha expresado la necesidad de valorar recursos habitacionales para aquellos en situación administrativa irregular. Se busca evitar que las personas desalojadas formen nuevos asentamientos informales en las cercanías.
En el marco de más de 300 actuaciones realizadas en el recinto desde el inicio de la legislatura, se destaca la preocupación por el aumento de incidentes, especialmente incendios, que ponen en riesgo la vida de los ocupantes. Este incremento de la conflictividad ha motivado el proceso de desalojo en curso. Un informe de disciplina urbanística alerta sobre el alto riesgo de muerte en caso de incendios en la antigua prisión.
FUENTE