La Obra Cultural Balear (OCB) ha pedido «prudencia» en la interpretación del pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre la eliminación del requisito del catalán en la sanidad balear.
En un comunicado, el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha aclarado que el Tribunal Constitucional no ha entrado en el fondo del asunto y no se ha pronunciado sobre los motivivos de inconstitucionalidad planteados por los recurrentes.
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional de este viernes hace referencia al primer recurso que presentó la entidad, a través de 50 diputados del PSOE y Sumar. El Constitucional indica que este recurso ha perdido su objeto, dado que la norma contra la que se dirigía –el Decreto Ley 5/2023– está actualmente derogada a través de la Ley 7/2024 de simplificación administrativa, cuando el PP erróneamente votó a favor de 34 enmiendas de Vox, en el Parlament.
En aquel mismo momento, y «para rectificar el despropósito legislativo», el Govern aprobó el Decreto Ley 5/2024, recuperando el texto original del Decreto Ley 5/2023.
Contra el Decreto Ley 5/2024, la OCB interpuso un segundo recurso que sigue su curso. La admisión a trámite o no del mismo está programada para el próximo martes, 27 de mayo. Y, según se prevé por parte de la entidad «será en este segundo recurso cuando el Constitucional entrará en el fondo del asunto».
Pues, tal y como ha incidido el presidente de la OCB respecto al reciente fallo del Constitucional, el Tribunal de momento «solo ha entrado a analizar un aspecto formal del recurso». En concreto, «si era posible o no regular esta materia a través de la figura del decreto ley» y aquí el TC «ha dado la razón al Govern».
Para la OCB, el Constitucional da por buenos los argumentos del Govern sobre las razones de urgencia en que se eximía del catalán a los profesionales de la sanidad, por una supuesta falta de estos profesionales, «de manera incorrecta».
La OCB ha recordado que ya expuso en su momento que estos informes no se correspondían con la realidad, puesto que en el proceso de estabilización de profesionales sanitarios, a más de 2.000 plazas convocadas con la exigencia de conocimientos de catalán, se presentaron más candidatos lingüísticamente capacitados que plazas ofertadas. De este modo, ha defendido que «no han quedado plazas de sanitarios desiertas por razones de lengua». Según cifras de la OCB, de las 1.277 plazas de enfermería «no ha quedado ninguna desierta».
El presidente de la OCB ha declarado finalmente que «la perspectiva del control de constitucionalidad sobre una norma únicamente significa que esta norma es compatible con la Constitución, nada más». De este modo, según ha puntualizado, «también era constitucional la norma anterior, que exigía conocimientos de catalán para poder ingresar a la sanidad pública».
«En este caso», por tanto, ha concluido Llabrés, «la mejor opción sería que el Govern defendiera los derechos lingüísticos de los ciudadanos de estas islas y no apostar para pisotearlos».