El Gobierno de Baleares se ha manifestado en contra de permitir la inscripción de personas migrantes en situación irregular en el Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB). Esta postura surge a raíz de una propuesta del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que fue temporalmente retirada después de que diez comunidades autónomas, incluyendo Baleares, expresaran su oposición en una reunión reciente.
La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social alertó en enero, mediante una carta dirigida al SEPE, sobre la falta de cobertura jurídica y la ausencia de un marco normativo estatal claro en relación a esta propuesta. También señaló el riesgo de introducir inseguridad jurídica en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, al no definir las consecuencias en caso de resolución desfavorable de los expedientes de extranjería ni establecer protocolos claros de actuación para los servicios autonómicos.
Estas circunstancias, según la Conselleria, podrían provocar disfunciones en la gestión ordinaria y en la atención a las personas demandantes de empleo. En la reunión en la que participaron diez comunidades autónomas, la propuesta fue rechazada, lo que refleja la postura contraria a la misma.
El Gobierno de Baleares ha enfatizado que cualquier decisión en este ámbito debe estar respaldada por la seguridad jurídica, una regulación estatal clara y una adecuada dotación de recursos, con el objetivo de no comprometer la eficacia de las políticas activas de empleo.
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