El Ayuntamiento de Palma ha alertado sobre el colapso de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) debido al proceso de regularización extraordinario de migrantes. En los últimos tres días se han tramitado más de 1.150 entradas vinculadas a peticiones de informe de vulnerabilidad, con un total de 1.100 personas atendidas en la OAC Social y más de 3.000 en el resto de oficinas de atención.
Desde el pasado miércoles, se han registrado largas colas de personas sin cita previa que buscan información sobre el proceso de regularización. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha criticado la falta de previsión por parte del Gobierno central, calificando la medida de improvisada y unilateral, sin recursos ni coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Este escenario está afectando gravemente el funcionamiento de las OAC, dificultando la atención a ciudadanos que necesitan otros trámites sociales y presionando a los trabajadores municipales de manera inasumible. Los municipios son responsables de emitir informes de vulnerabilidad para las solicitudes de regularización, sin recibir financiación adicional, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos.
La saturación de solicitudes ha generado una situación insostenible, con más de 1.150 entradas en tres días y 538 peticiones de informe de vulnerabilidad entre enero y abril de 2026, de las cuales 91 siguen pendientes de resolución. El Ayuntamiento ha instado al Gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar el orden y la seguridad, asumiendo la gestión del proceso y evitando sobrecargar la administración municipal.
La falta de coordinación eficaz y la presión sobre los ayuntamientos ante la saturación de la Oficina de Extranjería de Baleares evidencian la incapacidad del sistema para afrontar este proceso extraordinario. El Ayuntamiento reclama claridad en los requisitos del procedimiento y critica la falta de evaluación del impacto en los servicios públicos locales.
A pesar del compromiso con la inclusión social, el Ayuntamiento considera que ningún municipio puede hacer frente solo a esta magnitud de regularización sin planificación ni recursos adecuados. Es necesario una coordinación institucional para evitar consecuencias negativas en la atención social, vivienda y escolarización de personas vulnerables.
FUENTE